Presidente de Bolivia amenaza con la cárcel a quienes Prediquen el Evangelio

Se trata de un ataque a la libertad religiosa (consagrada en la Constitución de Bolivia –art. 4-) basándose en el artículo 88.11 del nuevo Código Penal (pendiente de aprobación), que establece penas de cárcel de 7 a 12 años para quienes hagan “proselitismo” para organizaciones religiosas o de culto.

Así dice textualmente el artículo: “Será sancionado con prisión de siete (7) a doce (12) años y reparación económica la persona que por sí o por terceros, capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con el fin de reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto”.

Semejante redacción pone al mismo nivel el reclutamiento para conflictos armados (¿terroristas?) con la evangelización, lo cual es sin duda extraño. A lo que se añade la amenaza de cárcel. Si se aplica con el rigor de lo que la letra dice, en Bolivia no se podrá predicar el Evangelio o invitar a alguien a asistir a una actividad religiosa.

Este Código Penal silenciaría a diez millones de bolivianos evangélicos de fe evangélica (que representan el 16% de la población). Esto atenta gravemente contra la Carta Magna de Bolivia. La Constitución política boliviana señala lo siguiente en su art. 4: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.

Pero lo cierto es que esto se incumple a través de este nuevo Código Penal, o de leyes ya aprobadas como la 351, mediante la cual el Estado trata de controlar a los evangélicos y a la Iglesia católica, obligándoles a pagar elevados impuestos. Los protestantes, en concreto, temen que sus asociaciones terminen disueltas por la férrea presión a las que les somete el Gobierno de Morales.

Representantes de la Iglesia Evangélica pidieron la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal, en un contacto con la prensa, en Plaza Murillo. Explicaron que el rechazo a la nueva norma surge, sobre todo, por las observaciones mencionadas. Los pastores evangélicos presentes no sólo hiceron declaraciones, sino que realizaron una oración pidiendo a Dios libertad, en las puertas de la Asamblea. “Es decir, que si llevamos a una persona o a un grupo de campamento ¿nos van a denunciar?; ¿no voy a poder salir a la calle de predicar el evangelio?”, cuestionó el pastor Miguel Machaca Monroy, presidente de la Iglesias Evangélicas de La Paz.

 

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