La abogada Kim Hunter recibió este mes una carta de autoridades inmigratorias en la que le informaron que le prohibían la entrada a un centro de detención de familias en el sur de Texas por haber exigido de manera «beligerante» la liberación de sus clientes una noche a fines de julio.
Andrew Free se enteró el 3 de agosto que también le prohibieron la entrada a la mayor instalación de su tipo en el país después que el abogado entró en un juzgado móvil 10 días antes para preguntar por qué funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) se reunían con sus clientes sin su conocimiento.
La agencia afirma que los dos violaron las normas de visitas, pero una coalición de abogados de inmigración sostiene que las prohibiciones no tienen precedente y luchan por rescindirlas como parte de sus esfuerzos por mejorar el acceso a las madres inmigrantes y sus niños que están en el país sin autorización y que son retenidos en ese centro.
«Nunca había encontrado tanta cantidad de modos de interferir con el acceso», dijo Hunter, que llegó a fines de julio de St. Paul, Minnesota, para desempeñarse pro bono.
Trabajo voluntario
Ella es una de 500 abogados de todo el país que han ofrecido voluntariamente una semana por vez para trabajar con alojados en el centro de Dilley, que tiene 2,400 camas pero que actualmente alberga a unos 1,000 inmigrantes.
El centro ha enfrentado una intensa oposición política y legal después que el gobierno estadounidense lo abrió junto con otro en Texas en reacción a la llegada de decenas de miles de mujeres y niños centroamericanos el año pasado. El viernes, un juez federal ordenó la pronta liberación de los niños, junto con sus madres de ser posible, lo que los abogados de Seguridad Nacional objetan y pueden apelar.
Los abogados voluntarios explican que su representación es vital para ayudar a las mujeres a aprobar las entrevistas que son el primer obstáculo en la búsqueda de asilo. Stephen Manning, un abogado en el proyecto pro bono, dice que de los 5,000 inmigrantes que contaron con representación legal, solo 10 fueron rechazados.
«De naturaleza delicada»
Sin embargo, los abogados dicen que las autoridades de inmigración dificultan cada vez más su tarea. Citan ejemplos como negar acceso a los abogados aduciendo motivos de seguridad, limitar el acceso a los tribunales, restringir a los sicólogos pese a haber recibido autorización previa y cambiar las reglas repentinamente, como por ejemplo no permitir que los abogados dejen sus teléfonos celulares en los armarios, lo que significa que los deben dejar en sus automóviles en medio del calor.
Los funcionarios de inmigración no respondieron todas las quejas de los abogados, pero dijeron que en el caso de los sicólogos se revocó su acceso porque «llevaban a cabo una encuesta no autorizada».
La portavoz del ICE, Gillian Christensen, afirmó que la agencia está en «frecuente comunicación» con los abogados de los inmigrantes, responde a sus preocupaciones y les permite acceso al centro, que está vedado en otras instalaciones, debido a «la naturaleza delicada y única de familias detenidas».
©The Associated Press