Iglesias están dispuestas a demandar al Gobierno

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Líderes religiosos de la isla advierten que continuarán dando cultos dentro de las iglesias -aun cuando el gobierno disponga lo contrario en la próxima orden ejecutiva emitida por la gobernadora Wanda Vázquez Garced como parte de la respuesta para desacelerar los casos de COVID-19- y adelantan que tomarán acción legal contra el estado si insisten en la prohibición de ceremonias en el interior de los templos.

El reverendo puertorriqueño William Hernández, obispo y presidente a nivel internacional de las más de 6,000 iglesias pentecostales que hay en el mundo, expresó a Primera Hora que el gobierno estaría interfiriendo con el derecho a la libertad religiosa que tienen los ciudadanos si se impone un nuevo cierre de las congregaciones en el país, como ocurrió a inicio de la pandemia.

“Ahora mismo los líderes conciliares y líderes de las iglesias están en un diálogo constante para saber cómo proceder si se hace un nuevo cierre por 21 días… No puedo hablar por la decisión que tomen otros líderes. Mi sentir como obispo es que nosotros no debemos cerrar y debemos buscar los mecanismos legales para que eso no ocurra. Eso sí, si hay un lugar en el que se pruebe que no se está cumpliendo con el protocolo pues deben cerrarlo, pero no pueden penalizar las miles de iglesias por lo que hagan mal una o dos. Hay que enfocarse en el bienestar del pueblo”, dijo.

En Puerto Rico hay 560 iglesias pentecostales a la que asisten más de 50,000 feligreses. En términos generales, se calcula que en la isla hay entre 6,000 a 8,000 iglesias de diversas congregaciones.

Mientras, el reverendo Iván De la Torre, superintendente de las Asambleas de Dios en Puerto Rico y tesorero de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, dijo que las iglesias pentecostales se preparan para “hacer valer lo dispuesto en la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos, por lo que no vamos a cerrar”.

“Hemos determinado esperar que la gobernadora diga si es cierto o no que va a cerrar y de ser cierto vamos a utilizar el derecho que nos da la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico de que somos un servicio esencial y tenemos derecho a exigir ese derecho a la libertad de religión y de culto”, dijo.

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